Extorsión a beneficiarios de planes sociales: Bullrich se presentó en la Justicia como querellante contra los piqueteros

El día después de que se conocieran los allanamientos y las denuncias por extorsión y coacción a beneficiarios de planes sociales, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich se presentó ante la Justicia como querellante contra los imputados, la mayoría representantes de organizaciones sociales de izquierda y alineadas al kirchnerismo.

La denuncia fue presentada por el Ministerio de Seguridad en virtud de la investigación iniciada por las llamadas recibidas a la Línea 134, con acusaciones anónimas y otras hechas por personas que se identificaron, quienes manifestaron ser amenazados con perder los beneficios de quienes reciben el Plan Potenciar Trabajo u otro todo tipo de asignaciones y planes sociales, si no se sumaban a las movilizaciones sociales.

Según destacaron desde Seguridad, tras especificar las modalidades que utilizaban los denunciados, el escrito cita el artículo 22 bis de la Ley de Ministerios que establece la competencia de la cartera que conduce Bullrich en todo lo concerniente a la seguridad interior, a la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema democrático.

Fue en virtud de ello que Bullrich querellará contra todos los involucrados en la causa, como así también respecto de las personas que, con el avance de la pesquisa, resulten identificados como autores, coautores, cómplices o encubridores de los delitos de amenazas agravadas, extorsión y defraudación al Estado, y los que surjan con las medidas a desarrollarse en autos, como podría ser el delito de asociación ilícita previsto en el artículo 210 del Código Penal de la Nación, informaron fuentes ejecutivas.

La presentación de Bullrich como querellante se da a partir de denuncias remitidas desde el Ministerio de Seguridad de la Nación que ella encabeza. La Justicia federal, cabe recordar, ordenó el lunes 27 allanamientos contra dirigentes de distintos movimientos piqueteros que fueron acusados de extorsionar a beneficiarios de planes sociales, en su mayoría del Potenciar Trabajo. Entre los apuntados incluidos en el expediente judicial se encuentran integrantes del Polo Obrero, Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha, todos citados a indagatoria.

Las medidas judiciales se decidieron a raíz de tres denuncias recibidas en la línea 134, la difundida de manera oficial por el Gobierno, a través de la ministra del área, Patricia Bullrich, y el vocero Manuel Adorni. La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal ordenó, por pedido del fiscal Gerardo Pollicita, 27 allanamientos. También dispuso que los involucrados presten declaración indagatoria por los hechos que se investigan. Todavía no hay detenidos.

Se trata de una investigación surgida desde la Justicia, pero impulsada por el Gobierno, en la que se revela que intermediarios de los planes sociales chantajeaban a beneficiarios a cambio de una suerte de peajes que le tenían que pagar para poder cobrar el beneficio, o bien asistiendo a marchas mediante amenazas.

Entre los que serán indagados figura Jeremías Canteros, integrante de la mesa nacional del Polo Obrero. También aparecen Gustavo Vázquez, Elizabeth Palma, Giana Puppo, Cinthia Delgado, Dina Iramain, Brisa Paucara, Ronald Vargas, Iván Candotti, Lorenzo Martelli, Mercedes Fossat, Manuel Alonzo, María Cowper, Carlos Fernández Kostiuk, Nilsa Torres, Leslie Castillo, Blanca Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, María Isolda Dotti, Gloria Estrada, Emmanuel Barriento y Tania Cassamello, integrantes del Polo Obrero, Movimiento Barrios de Pie y Frente Organizaciones en Lucha (FOL), quienes administraban comedores populares.